Contexto Político Hondureño

Después de 20 años de gobiernos militares, Honduras eligió un gobierno civil. Con el nuevo gobierno entraba en vigor la nueva legislación que incluía un amplio catalogo de derechos humanos, tanto en la Constitución como en la ley penal. Pero también incluía una amplia gama de delitos contra el Estado. En abril de 1982, el Congreso Nacional aprobó el Decreto 33 conocido con el nombre de Ley Antiterrorista.

La responsabilidad de la seguridad interna recayó en el General Gustavo Álvarez Martínez, formado en las escuelas militares argentinas y responsable de la creación de cuerpos de inteligencia militar, que llevaba a cabo las detenciones ilegales, secuestros, desapariciones y asesinatos. Esos cuerpos realizaban además, interrogatorios bajo tortura y detenciones en cárceles clandestinas.

El descontento social era significativo y se había experimentado un alto nivel de violencia antigubernamental de motivación política.

A partir de 1979 se inicia la represión en contra de los movimientos sindicales, académicos, agrarios, estudiantiles y sociales.

Con el apoyo militar de los Estados Unidos , llegaron al país instructores y asesores argentinos, israelíes, chilenos y de la CIA.

Para el año de 1982, cuando el control administrativo del Estado es asumido por el Presidente Roberto Suazo Córdova, el país se coloca en manos de los militares nacionales y extranjeros. La Contra Revolución Nicaragüense controlaba el sur y el oriente del territorio. Las Bases Militares Estadounidense se ubicaban en Comayagua y Trujillo. Las fronteras con El Salvador y Guatemala eran controladas por las Fuerzas Territoriales, que recibían financiamiento total de los Estados Unidos. A lo interno se crearon los escuadrones especiales antisubversión, entre los más destacados figuran:

Fuerzas Responsables

A partir de 1980 se establecen en Honduras unidades contra insurgentes y de inteligencia militar especializadas, como el cuerpo de policía Antisubversión, conocido como Cobras, las Tropas Especiales para Operaciones de Selva y Nocturnas (TESON), batallón ligero para combatir la subversión.

Escuadrones de la Muerte: Se crearon escuadrones de la muerte dirigidos por oficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas, entre estos: El grupo de los Catorce, comandado por el Mayor Adolfo Díaz; la Dirección Especial de Investigación (DIES), dirigida por el oficial de policía Alexander Hernández; Batallón de Inteligencia 3-16 y Fuerzas Contra Revolucionarias de Nicaragua conocidas como los Contras, que apoyaban a los escuadrones de Honduras en los operativos contra disidentes políticos. Las Estructuras judiciales no tenían control sobre ninguno de estos cuerpos.

El Batallón de Inteligencia 3-16 tenía acceso a enormes cantidades de información especial y además tenía la responsabilidad de apoyar a todos los batallones de las fuerzas especiales y asumía el rol de coordinador de actividades de inteligencia, comunicaciones, planificación y programación. Este cuerpo ha sido responsabilizado de cientos de asesinatos políticos, torturas, desapariciones forzadas.

Cuerpos Oficiales: La Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNI), sus agentes vestían de civil. Entre sus actividades figuraba combatir las actividades políticas clandestinas.

Fuerza de Seguridad Pública (FUSEP), que era una rama de las Fuerzas Armadas, sus instalaciones eran utilizadas para mantener prisioneros políticos y someterlos a torturas, y muchos de sus comandantes reprimían las manifestaciones públicas y detenían disidentes políticos.

Batallones Especiales de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Territoriales que recibían financiamiento del Gobierno de los Estados Unidos.

Ejercicios Militares Conjuntos, denominados Ahuas Tara I y II, ejercicios en el que participaron más de 6,000 soldados estadounidenses.

La mayoría de los jefes de inteligencia, de los cuerpos especiales antisubversión y de los escuadrones de la muerte, eran egresados de la Academia Internacional de Policía con sede en Washington y de la Escuela de las Américas, basada en Panamá.

Práctica de la Desaparición Forzada

En este contexto las detenciones ilegales seguidas de secuestro, ejecución en secreto de la víctima y el ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella del crimen y de procurar la impunidad, además de obtener información de la víctima indefensa, también buscaba crear un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor.

La práctica se mantuvo en forma sistemática y reiterada hasta 1989. Pero el fenómeno no se erradicó totalmente. Aún persisten casos, que si bien es cierto no es sistemática y organizada, encara el mismo patrón de impunidad .

Las víctimas eran generalmente personas consideradas por las autoridades hondureñas como peligrosas para la seguridad del Estado. Las víctimas usualmente habían estado sometidas a vigilancia y seguimiento por periodos largos y sistemáticos.

La información disponible refleja que las víctimas son de diferente nacionalidad. La mayoría jóvenes y sospechosos de pertenecer a movimientos de izquierda o de apoyar a los grupos armados de El Salvador, de promover movimientos de solidaridad con los vecinos países y actividades sociales en Honduras o grupos revolucionarios. Las víctimas pertenecían a sindicatos, movimientos estudiantiles, dirigentes políticos, abogados y otros profesionales, cuerpos de solidaridad y religiosos, entre otros.

Las armas empleadas en la captura eran de uso reservado a las autoridades militares y de policía y se usaban vehículos con cristales polarizados, cuyo uso requiere autorización oficial.

En algunas ocasiones las detenciones se realizaron por agentes del orden público sin disimulo ni disfraz. En otros, eran previamente despejados los lugares donde se ejecutaría los secuestros y por lo menos en una ocasión los secuestradores al ser detenidos por agentes de línea, continuaron libremente su marcha al identificarse como autoridades.

Las personas secuestradas eran vendadas, llevadas a lugares secretos e irregulares de detención y trasladadas de un lugar a otro, eran interrogadas y vejadas cruelmente. La mayoría de las víctimas fueron ejecutadas y sus cuerpos enterrados en cementerios clandestinos .

Las autoridades negaban sistemáticamente la detención y el paradero de las víctimas, tanto a sus familiares, abogados o instituciones de derechos humanos , a los jueces ejecutores en recursos de exhibición personal.

Las autoridades militares y de policía como el gobierno y el poder judicial, se negaban y mostraban incapacidad de prevenir, investigar y sancionar los hechos. Tampoco eran capaces de auxiliar a las personas que buscaban información sobre el destino de las víctimas o de sus restos . En las prisiones clandestinas a los detenidos se les sometía a los maltratos siguientes: Toques eléctricos, privación de alimentos y agua, aislamiento, vendas cegantes, aplicación de capucha, violaciones sexuales, utilización de perros amaestrados para torturas, inmersión en aguas con heces fecales, aspiración forzada de líquidos por la nariz, colgamientos, desnudez prolongada, torturar a otros detenidos, simulación de ejecución con arma de fuego, amenazas con secuestrar a la familia.

Las Desapariciones Forzadas en Honduras ha sido una práctica ejecutada y tolerada por las autoridades del Estado. La Desaparición de más de 200 personas es la prueba irrefutable de lo que la desaparición forzada fue una política de Estado durante los años ochenta. La creación de comisiones militares para la investigación amañada de los hechos consolidados, la impunidad de los autores materiales e intelectuales.

La creación del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras constituye una acción concreta de la ineficiencia del Estado para garantizar el derecho de las víctimas a la vida y al debido proceso entre otros derechos violados.

Las Víctimas

La información disponible refleja que las víctimas son de diferente nacionalidad. La mayoría jóvenes y sospechosos de pertenecer a movimientos de izquierda o de apoyar a los grupos armados de El Salvador, de promover movimientos de solidaridad con los vecinos países y actividades sociales en Honduras. Las Víctimas pertenecían a sindicatos, movimientos estudiantiles, dirigentes políticos, abogados y otros profesionales, cuerpos de solidaridad y religiosos, entre otros.

Los recursos legales como el Habeas Corpus y el Amparo eran ineficaces, la Corte Suprema de Justicia rechazaba el recurso o retardaba los plazos en forma irrazonables y, cuando eran admitidos, a menudo lo ignoraban las autoridades requeridas.